En Mérida, Yucatán ni al Gobierno del
Estado, ni al Municipio y muchos a la Comisión de Derechos Humanos, les
interesa en lo más mínimo la salud, desarrollo, formación y bienestar del
niño torero Michelito Lagravere.
Discutidos los argumentos sobre la participación de Michelito en festivales
taurinos, los políticos insisten en utilizar al menor sin recato ni pudor,
lo cual sí que debería ser castigado porque reitero, no les importa la salud
del chaval, sino que lo emplean como argumento para beneficiar a sus propios
partidos políticos.
Es necesario aclarar, para quien no lo sepa, que en Yucatán el gobierno
estatal es de un partido y el de la capital, Mérida, es de otro y esto es lo
que provoca la pugna en la que subrayo, están utilizando a un menor de edad.
Ya la Procuradora de la Defensa del Menor hubo de echar marcha atrás en su
pretendido impedimento para que Michelito torease una encerrona; las
contundentes pruebas presentadas por muchísimas personas, además de los test
sicológicos a los que fue sometido, dejaron en claro que el niño torero es
apto para la práctica de la tauromaquia, como lo es cualquier otro niño que
practica el karate, las carreras de motocicletas y go-karts, el futbol
americano y muchas otras disciplinas. Michelito no es ningún improvisado,
acude a una escuela en donde le enseñan los secretos del toreo.
No conformes con el revés jurídico y público, las huestes del Gobierno del
Estado vuelven a la carga, ahora por medio de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos cuyo presidente, Jorge Victoria Maldonado, envió una
recomendación al Ayuntamiento de Mérida, así como a otros municipios del
interior del Estado, para que se prohíba la participación de niños toreros
en festejos y otros eventos que pongan en peligro su vida.
Según el solícito Ombudsman yucateco en los festejos en los que ha
participado Michelito "se han vulnerado los derechos del menor, en especial
la protección de su integridad". ¿Estará enterado el funcionario que esta
misma discusión fue solventada en Francia a favor de Michelito?
Es una verdadera vergüenza que el encargado de velar por los derechos
humanos de los ciudadanos de Yucatán se preste a juegos políticos. Es
criticable que este funcionario dedique sus esfuerzos a estas acciones y no
a defender los derechos de otros menores en situaciones de muchísimo más
riesgo como la explotación laboral, la violencia intrafamiliar, la falta de
oportunidades para la educación y la salud. ¿Es que Victoria Maldonado es
ciego o sordo y no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor?
Politiquería barata entre PAN y PRI, entre PRI y PAN, de la que los
mexicanos no tenemos culpa, de la que los mexicanos ya estamos hartos, en la
que Michelito no debería estar envuelto si es que realmente los funcionarios
de gobierno atendiesen lo que dicen defender.
A ver hasta cuándo a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, le
dan ganas de trabajar y meter en cintura a tanto político simplón y
oportunista. Más vale que la mandataria no salga con el cuento de que la
Comisión de Derechos Humanos es autónoma, porque resulta mucho más que
evidente que detrás de la "recomendación" del funcionario existe una
clarísima, nítida y contundente línea política que busca perjudicar al
partido político contrario.
Para los regidores de Mérida, de Valladolid y de todos los Municipios de
Yucatán, el llamado a que hagan valer el Artículo 115 Constitucional y
respondan al Ombudsman con un atento llamado: ¡Ya póngase a trabajar!, que con sus necedades provoca un desvío de recursos, el cual debe ser castigado por la ley. |
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