La disposición emitida por la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia del Gobierno del Estado de Yucatán,
contraviene a todas luces el derecho constitucional que tenemos todos los
mexicanos de gozar de la libertad de formar y educar a nuestros hijos de la
manera en que creamos conveniente.
Habría, por principio, que hacerle ver a la abogada Celia María Rivas
Rodríguez, titular de la Procuraduría de la Defensa y el Menor, que el
toreo es una profesión lícita que Michelito Lagravere Peniche estudia
y practica, en su calidad de alumno, en una Escuela Taurina adherida a una
Federación Nacional; habría que hacerle ver a la funcionaria, que el
jovencito en cuestión tiene amplia experiencia sobre el particular y que
ésta ha quedado demostrada en un buen número de plazas de toros del país y
el extranjero.
Además, habría que hacerle ver al regidor de espectáculos del Municipio de
Mérida, Renán Barrera, que si en realidad como dijo en conferencia de
prensa realizada este jueves los organizadores del evento habían cumplido
con todos los requisitos, bien pudieron haber invocado el Artículo 115
Constitucional, referente a la autonomía municipal, para hacer valer su
autoridad sobre una insustentable cancelación. En Yucatán, al parecer, el
Municipio es una dependencia que acata sin chistar las órdenes que le llegan
de Palacio de Gobierno.
Si Michelito es hijo de un torero, ¿qué de rato tiene que pretenda
seguir sus pasos?; ¿por qué no actúa así la Procuraduría e impide que el
hijo de un militar siga la carrera de las armas o que los hijos de algún
músico pretendan seguir sus pasos y en alguna ocasión se presenten
públicamente en un concierto, festival o recital? Bajo la perspectiva de la
presurosa procuradora, habría entonces que cancelar todos los campeonatos de
tae kwon do, motociclismo, futbol soccer y americano en que participen
menores, porque corren riesgos y por momentos, aunque usted no lo crea,
muchos más que enfrentando a un becerro en una plaza de toros.
Lo más grave del caso es que desde una oficina del Gobierno, a ciencia,
paciencia y complacencia de la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, se
pretende ordenar la vida, formación y educación de un menor, lo cual
evidentemente es mucho peor que lo que pretende impedir la dependencia a su
cargo. ¿Qué es lo que seguirá mañana? ¿Nos darán indicaciones de qué comer,
qué vestir, qué música escuchar, qué literatura leer?
Yucatán ha sido por siempre tierra de artistas y el toreo, distinguidas
damas, es un arte en el que si bien se pone en riesgo la vida, se practica
en el caso de los niños aprendices bajo la supervisión de adultos que están
capacitados para ello.
Lo que está sucediendo en Mérida es un claro abuso de poder, una
extralimitación de funciones por parte de una acuciosa funcionaria que no ha
evaluado bien el caso y que ha dictado una orden sin sustento jurídico.
Por fortuna Michelito y sus padres no están solos y, lo que es mejor,
ya están acostumbrados a librar batallas en contra de funcionarios que
consideran que viven en una dictadura y que pueden, desde la comodidad de su
escritorio, ordenarnos qué hacer o dejar de hacer.
Es una verdadera vergüenza para Yucatán y para México el que ocurran este
tipo de hechos más dignos de tiempos feudales que de un gobierno emanado del
pueblo.
Aún están a tiempo de impedir una arbitrariedad. Ojalá que el ingeniero
César Bohórquez, alcalde de Mérida, indague sobre el asunto y actúe en
consecuencia porque a final de cuentas ha sido el Ayuntamiento quien ha
cancelado la presentación de Michelito y esto le hace copartícipe,
junto con sus regidores, del abuso de poder que se pretende cometer.
Mientras el menor cuente con la autorización expresa de sus padres para
ejecutar una actividad lícita, nadie, subrayo, nadie, tiene por qué tratar
de impedirlo. Las apreciaciones y criterios personales salen sobrando.
Hay que recordarle a todos, pero especialmente a la Procuradora de la
Defensa del Menor y la Familia, que como funcionaria pública está obligada
estrictamente a cumplir y hacer cumplir la ley y no puede guiar sus acciones
en función de lo que ella cree que debe ser.
Es necesaria la unidad de todos, taurinos y no taurinos, para impedir este
atropello. Es urgente que la Comisión Taurina de Mérida, como órgano
regulador de la Fiesta, exprese sus puntos de vista y exija ser tomada en
cuenta ya que ellos autorizaron previamente la realización del festejo. ¿Es
que una funcionaria pública, por mucho que esté en el Palacio de Gobierno,
puede pasar por encima de su jerarquía, responsabilidad y experiencia?
¿Hasta dónde vamos a llegar?
¡Ánimo Michelito, que estamos contigo! |
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